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Las mujeres que integramos el Movimiento Estatal de Mujeres (MEM), hemos trabajado y luchado desde los años 90, y hasta la fecha, y desde distintos frentes, por los derechos de las mujeres, especialmente el derecho a una vida libre de violencia y el derecho a la igualdad.

Hemos implementado todas las formas de participación ciudadana para la incidencia política; desde la propuesta ciudadana, el cabildeo, la investigación y sistematización, las reuniones o mesas de trabajo con autoridades, múltiples capacitaciones a funcionariado público, seguimiento a través de consejos ciudadanos, diseño de reglamentos y protocolos, atención y acompañamiento de víctimas, incluso la manifestación y la resistencia civil, cuando han sido necesarias.

Muchos han sido los logros al impulsar leyes y creación de política pública, estos se mencionan en la página de Fb del MEM. Actualmente se trabaja para que los Centro de Justicia para las Mujeres se descentralicen y con ello pueda contar con autonomía y más recursos financieros con los que se atenderá a más mujeres en situación de violencia con prontitud y calidad, asimismo se impulsa la creación de módulos municipales que atiendan la violencia familiar y de género.

Sin embargo y a pesar de la incidencia, sabemos que aún el camino para lograr la igualdad es largo y escabroso, algunos datos lo confirman; en el sector empresarial solo el 2% las mujeres realizan esta actividad, al primer trimestre del año 2020, la Población Económicamente Activa (PEA) del estado registró 1 779 249 personas, cifra que al relacionarla con la población de 15 años y más se tiene una Tasa Neta de Participación de 61.3 por ciento.

La tasa de los hombres se ubicó en 76.4% y la de las mujeres en 47.1 por ciento, si se relaciona la situación producida por el COVID19 el impacto del teletrabajo en el caso de mujeres trabajadoras con hijos e hijas menores de 12 años o cuidadoras de personas mayores, enfermas o discapacitadas, han realizado una doble jornada con el aumento del cuidado y escolaridad de hijos e hijas, la encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE), al estado de Chihuahua lo ubica por arriba de la media nacional en el trabajo no pagado y las actividades por horas a la semana para las mujeres.

El embarazo infantil y adolescente continúa siendo una asignatura pendiente de erradicar, un ejemplo claro se observa en los municipios serranos que suman un 18.6 por ciento de mujeres en las edades de 12 a 18 años con al menos un hijo vivo. Por ello nos declaramos en contra de que se legisle el PIN Parental. Para las mujeres tener un título de ejidataria o comunera provee la oportunidad de presidir a los órganos que rigen las decisiones de organización que se toman sobre la tierra, Las mujeres al no ser propietarias de la tierra no pueden ser beneficiarias de subsidios, créditos y equipamiento.

La desigualdad en el acceso de la tierra vulnera a las mujeres en todos los ámbitos de su vida pues propicia que la comunidad las relegue en la toma de decisiones que impactan directamente en la vida de ellas y sus familias, en Chihuahua solo el 9.5% las mujeres ocupan cargos de órganos ejidales y comunales.

Con la pandemia han surgido nuevos obstáculos que se suman a los ya existentes, y que dejan la participación en condiciones de desigualdad con el retroceso del ejercicio de sus derechos y por ende impactando en aumento de la Violencia doméstica, tareas de cuidados no remunerados, desempleo, y pobreza.

La violencia contra las mujeres es un flagelo presente y de constante demanda para la prevención, atención y sanción, las cifras elevadas durante el COVID-19, dan cuenta de la urgencia de implementar programas con suficiencia presupuestaria que dé como resultado el cumplimiento de la erradicación, tal cual lo mandata la Ley Estatal del Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la sentencia de Campo Algodonero.

Es inaudito que de marzo a diciembre de 2020 se realizaron 21,781 asesorías jurídicas por parte del ICHMUJERES elevando al 100% esta actividad en el mismo periodo del 2019 así como 21 mil 781 asesorías jurídicas de los 11 Centros de Atención a la violencia contra las mujeres (CAVIM) del estado.

Además, se recibieron 1,222 llamadas en las líneas telefónicas de emergencia y otras 1,728 También fueron atendidas 13 mil 443 usuarias de manera presencial, cifras que denotan la desigualdad entre mujeres y hombres en donde ellos asumen el control y ellas la sumisión.

Las mujeres del estado de Chihuahua merecemos la igualdad, y este 8 de marzo del 2021 el MEM demanda:

Incentivar a través de programas a las mujeres para acceder a la actividad empresarial.

Política Pública que garantice el derecho de las mujeres al trabajo sin acoso ni hostigamiento y apoyado con medidas que aligeren la doble jornada.

Motivar acciones que empoderen a las mujeres ejidatarias y comuneras para que inicien procesos que les permita acceder a la tierra.

Generar acciones científicas y laicas de prevención del embarazo libres de estereotipos y de culpabilizaciones hacia las niñas y adolescentes.

Política de Estado articulando a todos los sectores e Instituciones a implementar un programa trasversal para el estado y municipios con el objetivo de erradicar la violencia familiar y contra las mujeres.

Implementar las medidas necesarias que garanticen el aporte las mujeres en la creación de las políticas públicas para enfrentar las consecuencias de la Covid19 que las beneficien.